El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha recurrido la convocatoria de una plaza de Técnico/a de Función Administrativa, categoría A1, con carácter de sustitución, destinada al Área de Comunicación del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, dependiente del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, para la que no se requiere titulación específica en periodismo o comunicación audiovisual.
El proceso selectivo, publicado el pasado 24 de julio en la web del Hospital, se produce al no existir una bolsa específica de contratación para esta categoría que se encuentra adscrita a la Dirección Gerencia del Hospital y tiene entre sus funciones las propias de la especialidad a realizar por el Área de Comunicación, que son, según consta en las bases la creación de contenidos para medios de comunicación y redes sociales; redacción de textos, grabación y edición de vídeos y diseño de materiales digitales; organización de eventos (internos y externos) y encuentros institucionales; aplicación de la identidad corporativa en los materiales corporativos; el diseño y desarrollo de campaña de promoción de la salud; la gestión de crisis en el ámbito sanitario; labores de actualización de la web del hospital en colaboración con otros servicios del hospital; y la participación en la organización de visitas institucionales y de centros educativos.
Según manifiesta el CPPA a través de una nota de prensa, "los aspirantes pueden optar a este puesto con la titulación de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a Técnico/a o del Título de Grado equivalente, expedido por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos competentes de los países miembros de la Unión Europea; o estar en condiciones de obtener dicho título, habiendo finalizado la formación exigida para su obtención dentro del plazo de presentación de solicitudes".
Así, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía "entiende que esta convocatoria es lesiva a los intereses de los miembros colegiados y la profesión en general, ya que vulnera los art. 70 y 76 LEBEP y jurisprudencia que los interpreta, al no requerir la específica titulación que debe exigirse para la categoría profesional ofertada y el desarrollo de las funciones establecidas que debe ser la propia de la licenciatura o el grado en ciencias de la información, periodismo o comunicación audiovisual".
La inclusión de otras titulaciones para acceder a puestos de trabajo cuyas funciones no guardan relación con los estudios que éstos cursan resulta, en opinión del CPPA, "arbitraria, contraria a los principios de capacidad y mérito que han de presidir el acceso a los puestos de la función pública (ex artículo 23.2 CE) y ajena al servicio al interés público, la objetividad, eficacia e imparcialidad que debe perseguir la actuación administrativa".
Por ello, la entidad colegial ha solicitado "la declaración de ilegalidad de dicha convocatoria así como su nulidad por contravenir claramente los intereses del colectivo de periodistas y comunicadores audiovisuales, y lo que es peor, la cuestionable calidad de la información que recibirá la ciudadanía al no incorporar en este tipo de puestos a profesionales garantes de los criterios periodísticos y éticos propios de la profesión".
El Colegio Profesional recuerda en este comunicado al Hospital Universitario Reina Sofía, al Servicio Andaluz de Salud y a la propia Junta de Andalucía que "la Administración no es libre para admitir una titulación cualquiera cuando el puesto requiera una particular preparación, ni asignar un nivel diferente para el desarrollo de unas mismas funciones sino que, con respeto al mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución y al interés general, los puestos deben cubrirse con los trabajadores más cualificados para su desempeño y ser acordes al nivel profesional y retributivo correspondiente".
Asimismo, desde el CPPA se hace constar que para la realización de tareas informativas y de comunicación audiovisual "es necesario contar con el título universitario de Periodista o de Comunicación Audiovisual, tal y como estipula la propia Ley de creación del Colegio, y los convenios marco del sector", advirtiendo que no requerir esta titulación "fomenta el intrusismo y precariza a una profesión ya de por sí muy castigada por este problema". Por extensión, indican que "si se tiende a la especialización del trabajo, para ofrecer una mayor calidad, debe exigirse igualmente dicha especialización para la convocatoria de puestos en el Sector Público que ha de tener como fin servir de la mejor forma a los administrados y al interés general".
Por último, el Colegio ha manifestado "su total disposición para con todas las entidades, tanto públicas como privadas, para la revisión previa de todas aquellas convocatorias de empleo relacionadas con la profesión e invita a todas ellas a sumarse al Compromiso Público por el Empleo y la profesión periodística".
Compromiso por el Empleo Público
El Compromiso Público por el Empleo y la profesión periodística fue aprobado en la Asamblea General del Colegio de Periodistas de Andalucía, en noviembre de 2016. En él se expresa que “las dinámicas de contratación establecidas en el pasado sin tener en cuenta la titulación no deben lastrar el futuro de esta profesión” por lo que el documento promueve este compromiso por parte de las instituciones en puntos como que la persona que realice las funciones propias de un gabinete de prensa o dirección de comunicación cuente con la titulación universitaria oficial correspondiente a la Licenciatura o Grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes; que para la realización de estas labores se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados a profesionales con estas titulaciones; así como contribuir en el marco de sus competencias a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales.
El Colegio de Periodistas recuerda que "es necesaria la implicación de las administraciones y las empresas públicas para evitar el intrusismo en la profesión periodística y garantizar el rigor necesario a la hora de desempeñar estas funciones, más aún tratándose de instituciones que deben rendir cuentas ante la ciudadanía y que se supone que hacen de la transparencia, la eficiencia y la eficacia principios clave en su actuación".
En este sentido, el CPPA ha advertido que "ni empresas ni instituciones públicas son libres para admitir una titulación cualquiera cuando el puesto requiera una particular preparación, ni asignar un nivel diferente para el desarrollo de unas mismas funciones sino que, con respeto al mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución y al interés general, los puestos deben cubrirse con los trabajadores más cualificados para su desempeño y ser acordes al nivel profesional y retributivo correspondiente".
