El anuncio del inminente cierre del Juzgado de Paz por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno central, el estado de las carreteras autonómicas y provinciales, la negativa a la construcción de un Centro de Salud comprometido por la Administración autonómica y el precario estado del actual o la falta de respuesta ante las constantes peticiones de reunión a la Diputación por parte de la Alcaldía son sólo algunos de los asuntos que sustentaron la concentración ciudadana convocada el pasado sábado en Iznájar por la propia población local, a la que se sumó el Ayuntamiento, y que cortó durante la mañana la carretera A-333 a la altura del Puente Fernández.
Otros aspectos denunciados durante la protesta fueron la lentitud en la resolución de los expedientes de dependencia y la necesidad de mayor número de plazas concertadas en la residencia de la tercera edad y centro de día, la falta de viviendas sociales que permitan a la juventud mantenerse en el pueblo, el aplazamiento de la Diputación hasta 2026 del proyecto de construcción de varias viviendas por parte del Ayuntamiento, el cierre de colegios rurales y la inacción en la reparación de los daños ocasionados en sus edificios por parte de la Junta, el estado ruinoso de la carretera del margen izquierdo del Embalse por parte de la Confederación hidrográfica del Guadalquivir o la ausencia de proyectos concretos que ayuden a los pueblos pequeños a frenar la despoblación.
Según declaró el alcalde del municipio, Lope Ruiz, la localidad "ha hablado alto y claro", aclarando que esta manifestación "no va contra ningún partido político sino en defensa de los intereses de todos los vecinos y vecinas de Iznájar ante la situación de inacción de todas las administraciones del Estado".
Comerciantes y empresarios, trabajadoras de ayuda a domicilio, agricultores, colectivos y asociaciones y ciudadanos en general secundaron esta convocatoria para mostrar su malestar ante a la actitud de las administraciones con este pueblo. Una protesta que, según han adelantado algunos de estos colectivos, podría servir de base a nuevas movilizaciones tanto en la propia localidad como ante las sedes de las administraciones en Córdoba, en Sevilla o en Madrid, a fin de que se escuchen estas demandas y se garantice el mantenimiento de sus infraestructuras y servicios públicos.
