La Oficina Social de la Vivienda refuerza su papel de mediación y asesoramiento y afronta el reto de llegar a todos los municipios

Colabora

estrechamente con el IPBS y se ubica físicamente en la calle Buen Pastor

PROVINCIA, 10/06/2021

El presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez, en rueda de prensa (FOTO: cedida)

El delegado responsable de la Oficina Social de la Vivienda de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, ha dado a conocer los resultados del análisis y diagnóstico que se ha realizado, desde el Área de Bienestar Social, para determinar cómo está funcionando la misma y qué actuaciones ha llevado a cabo hasta la fecha.

Sánchez ha recordado que “la Oficina ha asumido competencias

en materia de gestión, mediación y asesoramiento para demandantes de vivienda

pública de ámbito autonómico, provincial y local mediante los convenios que

suscribimos con los ayuntamientos”.

En este sentido, ha señalado que “tenemos firmados 33

convenios con municipios aunque pretendemos llegar a todos porque una de las

cuestiones que hemos observado es que los fines de la oficina eran para algunos

desconocidos”.

Por otro lado, el también presidente del IPBS ha explicado

que “desde la Oficina Social de la Vivienda seguimos trabajando con las

entidades bancarias; ahora mismo lo hacemos con Cajasur, para cesión de pisos

para alquiler social y en temas como la mediación ante procesos de impago, pero

queremos contactar con más entidades sociales”.

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Otra de las cuestiones anotadas tras el análisis realizado,

ha continuado Sánchez, es que “tenemos que reforzar nuestra colaboración con el

tercer sector”. Así, ha subrayado que “aunque tenemos convenio con Anfane,

necesitamos ampliar a otras entidades para alcanzar los objetivos que nos

proponemos en materia de vivienda”.

En temas de mediación y asesoramiento, el responsable de la

Oficina ha recordado que “hay acuerdos en la actualidad con los Colegios de

Abogados de Córdoba y Lucena porque esta materia es cambiante y compleja y se

hace necesaria una formación sobre cuestiones como moratorias de hipotecas,

reestructuración de deudas, cláusulas abusivas, etc”.

El diputado provincial se ha referido, además, a la

necesidad de incrementar las ayudas al alquiler para inquilinos de vivienda

protegida, “puesto que son pequeñas, de unos 26.000 euros, y además se

desconocen”. “Nuestro objetivo es potenciarlas y difundirlas para que los

vecinos y vecinas puedan beneficiarse de ellas”.

Por último, el también presidente del IPBS ha manifestado

que “una vez hecho el diagnóstico, estamos trabajando en los mecanismos para

poder construir nueva vivienda pública y otra cuestión importante, ver la

posibilidad de avanzar en la rehabilitación de viviendas, uno de los problemas

que nos trasladan los alcaldes al encontrarse con muchos inmuebles vacíos en

sus municipios”.

“Estamos viendo la posibilidad de trabajar de forma

coordinada con los ayuntamientos y otras instituciones para rehabilitar

viviendas o poner en marcha viviendas cooperativas en otros inmuebles”, ha

señalado.

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Finalmente, ha explicado que “se ha solicitado una reunión

con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 

de Andalucía (AVRA) para trasladarles este diagnóstico y para buscar

soluciones conjuntas a los problemas de la vivienda social”.

Sánchez ha recordado que la Oficina Social de la Vivienda

depende del Área de Bienestar Social y trabaja en colaboración con el Instituto

Provincial de Bienestar Social (IPBS), en cuyas instalaciones de la calle Buen

Pastor se ubica.